En Latinoamérica, la región más desigual del mundo, la pandemia no ha hecho más que incrementar esta desigualdad. Gracias a la apertura colaborativa del mundo científico, existe más de una vacuna contra el COVID-19 con efectividad probada. Pero a pesar de esto, muchos de los millones de muertes que se podrían salvar con la vacuna se perderán porque no se han puesto en marcha mecanismos que garanticen el acceso universal. Este desequilibrio en las tasas de vacunación se medirá en padecimientos y muertes y aún mayores desigualdades a corto, mediano y largo plazo.

Por eso es necesario que la vacuna contra el COVID-19 sea declarada como derecho humano y bien público global. Es decir, que esté al servicio de todos los habitantes del planeta y por más que se ubique en un territorio definido o esté administrado por gobiernos determinados, responda a regulaciones internacionales. Para esto es fundamental la participación activa de la sociedad civil para garantizar la gobernanza democrática y asegurar transparencia.

El primer encuentro regional ACCESO tiene como objetivos construir alianzas para instalar el concepto de vacunas COVID-19 como bien público a nivel regional, comprometer a actores claves de la sociedad civil y de la academia para promover el acceso universal a la vacuna y analizar estrategias para enfrentar discursos de negacionismo que se instalan en torno a las posibilidades de obtener el acceso universal a las vacunas y a la tecnología para producirlas.